(Minghui.org) Muchos practicantes de Falun Gong han presentado sus querellas penales contra Jiang Zemin, el ex dictador chino por lanzar la persecución a Falun Gong hace 17 años. Como usaron sus nombres y direcciones reales en sus querellas penales, están recibiendo represalias por ejercer su derecho constitucional por acusar a Jiang como responsable de infringir su libertad de creencia.

En la localidad de Qincao, provincia de Sichuan, las autoridades han engañado y amenazado a los practicantes locales para firmar documentos que aseguraban que se “arrepentían” de presentar las querellas, que eran falsas o que denunciaban a Falun Gong.

Engaños

Las autoridades en la comunidad de Guangming llamaron a una practicante a la oficina de la comunidad. La convencieron de que necesitaban verla por la compensación sobre sus terrenos. Sin saberlo le hicieron firmar una declaración diciendo que se “arrepentía” de practicar Falun Gong.

El director de la comunidad de Guangming pidió al practicante que firmara documentos desconocidos y que, si lo hacía, los acosos se detendrían. La practicante y su familia no sabían lo que decía el documento ni antes de firmarlo, ni después de hacerlo.

A otra practicante de la misma comunidad se le pidió que firmara una declaración. El documento decía, entre otras cosas, que había sido engañada para demandar a Jiang y que decidía cortar lazos con Falun Gong. Esta practicante se negó a cooperar.

Amenazas

Además de engañar a los practicantes, las autoridades de la comunidad de Jinsha intentaron coaccionar a los practicantes a firmar falsas declaraciones por otros medios.

Una practicante era la única a cargo de su marido que tenía cáncer y de su hija quien sufre parálisis. Las autoridades amenazaron con detenerla en un centro de lavado de cerebro.

Las autoridades amenazaron con despedir al hijo de una practicante que trabaja en la municipalidad. El hijo tuvo que forzar a su madre para que firme los documentos.

Después de que las autoridades irrumpieron repetidamente en el domicilio de la practicante y la acosaron, a ella y a su familia, su hijo y nuera quedaron horrorizados. Firmaron los documentos contra la voluntad de la practicante y le prohibieron meditar o salir de la casa.

Las autoridades de la comunidad de Ebaoshan amenzaron con revocar las pensiones de los practicantes locales si se negaban a firmar. También ordenaban a un practicante y su familia entregar sus identificaciones hasta que el practicante firmara.

Algunas autoridades fueron participantes involuntarios de la persecución. Muchas veces decían a los practicantes que estaban bajo la presión de sus superiores para obtener las firmas. Debían pedirles a los practicantes que dejaran de practicar Falun Gong porque les estaba causando “muchos problemas”.