Alrededor de diez mil practicantes de Falun Gong presentan cargos penales contra el ex dictador Jiang Zemin (Imágenes)

(Minghui.org) Mientras se acerca el 20 de julio, día en que el ex dictador Jiang Zemin lanzó oficialmente la violenta represión a Falun Gong, los practicantes están pacíficamente contrarrestando la persecución al presentar cargos penales ante la corte más importante de China, buscando llevar a Jiang ante la justicia.

En la semana del 12 al 18 de junio, 5.761 practicantes presentaron sus demandas contra Jiang. Entre ellas, 3.282 denuncias han llegado a la corte suprema del pueblo y a la fiscalía suprema del pueblo.

Los 9.748 practicantes que demandan a Jiang provienen de 1.400 condados diferentes en 29 provincias, regiones autónomas, y municipios de China, así como también de los Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Reino Unido, Malasia, Tailandia, Japón y Corea del Sur.

Las principales provincias donde la persecución es más severa, incluyendo Hebei, Heilongjiang, Liaoning, Jilin y Shandong, también tuvieron un mayor número de practicantes presentando sus denuncias contra Jiang.

Antecedentes

En 1999, Jiang Zemin, como jefe del partido comunista chino, ignoró a otros miembros permanentes del comité del politburó y lanzó la violenta represión a Falun Gong.

La persecución ha llevado a la muerte a muchos practicantes de Falun Gong en los últimos 16 años. Muchos más han sido torturados por su creencia e incluso asesinados por sus órganos. Jiang Zemin es directamente responsable por el comienzo y continuidad de la brutal persecución.

Bajo su dirección personal, el partido comunista chino estableció un órgano extralegal de seguridad, la “oficina 610”, el 10 de junio de 1999. La organización ignora las fuerzas policiales y el sistema judicial al llevar adelante las directivas sobre Falun Gong: arruinar su reputación, cortar sus recursos financieros, y destruirlos físicamente.

La ley china permite a los ciudadanos ser demandante en causas penales, y muchos practicantes están ahora ejerciendo ese derecho presentando demandas penales contra el ex dictador.