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Procuraduría suprema popular devuelve las querellas de los practicantes a las autoridades locales

Oct. 19, 2015 |   Por un corresponsal de Minghui en la ciudad de Chongqing, China

(Minghui.org) El 21 de septiembre de 2015, oficiales de policía de la ciudad de Chongqing ordenaron al personal de la comunidad que interrogaran a los practicantes de Falun Gong y saquearan sus casas.

Mu Chaoheng, de la división de seguridad doméstica, junto con una decena de oficiales del equipo de seguridad doméstica del distrito de Jiangjin y de la comisaría de Dongcheng, y personal de la comunidad local, irrumpieron en las casas de los practicantes Wen Qinghua, Cao Deqin, y Wen Yuelian el 21 de septiembre. Saquearon sus casas y confiscaron sus pertenencias.

Estos practicantes fueron llevados a la comisaría de Dongcheng. Una decena de oficiales y personal de la comunidad local rodearon a cada practicante y los forzaron a dejar sus huellas digitales, muestras de sangre y fotografías.

Los practicantes fueron interrogados por separado. Les preguntaron si habían enviado querellas contra Jiang Zemin, por qué lo demandaron, quién les pidió que hicieran eso, quién los ayudó a escribir las querellas, y desde dónde enviaron las querellas.

Además, la casa de los practicantes Li Youcheng, Li Yuanqin, Li Yuanqi, Guo Chuanfen, y Tan Kezhen del distrito de Jiangjin, fueron saqueadas por la policía el mismo día.

Los practicantes del pueblo de Baisha, Shimo y Lishi también fueron acosados, amenazados, y sus casas saqueadas por la policía local y personal de la comunidad.

La mayoría de los oficiales eran policías de civil y no se involucraron directamente en los saqueos o interrogatorios. En vez, ordenaron al personal de la comunidad que lo hicieran. Algunos oficiales dijeron que ellos ya no querían perseguir a los practicantes, y que las órdenes venían de los niveles más altos.

Algunos oficiales también revelaron que las querellas enviadas contra Jiang eran devueltas a los departamentos de policía donde los practicantes vivían. Si esto es verdad, muestra que los funcionarios de la procuraduría suprema violaron la constitución, la ley y los derechos de los ciudadanos.